Consumo sostenible, eficiencia, ahorro, medio ambiente, bioclimática… una larga y familiar  lista a la que se ha sumado el concepto de “certificación”, que muchos desgraciadamente siguen asociando a un mero trámite impuesto.

En realidad no es más que un problema de mentalidad que se resolverá una vez asumamos la necesidad de reciclar nuestro modelo de consumo a uno más sostenible.

Desgraciadamente, la lentitud a la hora de tomar y aplicar medidas políticas nos hace perder conciencia de su origen una vez implantadas en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo podría perfectamente ser el Protocolo de Kioto, ni más ni menos que del bien remoto 1997. El 11 de diciembre de ese año, los países industrializados reunidos en la ciudad de Kioto llegaron al compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Aunque el objetivo tardara en materializarse, el tratado ya suponía un reconocimiento de responsabilidad por parte de dichos gobiernos en el cambio climático, debido al consumo masivo de combustibles fósiles.

El compromiso consistía en alcanzar una reducción de al menos un 5%  en el promedio de emisiones GEI entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. Se trata de un porcentaje mínimo a nivel global, por lo que cada gobierno asumiría un porcentaje personalizado en dicho reparto.

Hay que recordar que este acuerdo fue respaldado por 37 países industrializados y la UE, trascurridos dos años y medio de negociaciones tras el Mandato de Berlín de abril de 1995, y que no tendría carácter vinculante para sus miembros hasta que éstos representaran al menos el 55% de las emisiones totales de CO2 a nivel mundial. Ese límite se superó al fin en 2004, con la ratificación de Rusia, después por cierto de conseguir que la UE aceptara pagar la reconversión industrial que ese acuerdo supondría, así como la modernización de sus instalaciones, incluidas las petroleras.

Con 193 gobiernos firmantes que representan un 63,7% de la producción mundial de GEI, nos encontramos ya en la segunda fase del cumplimiento del protocolo.

Pero porqué tiene tanta importancia este acuerdo para entender la relevancia de la eficiencia energética y certificación de nuestras viviendas? Pues simplemente porque el cómputo total de los edificios de la UE, entre los que se encuentran el sector residencial y servicios, supera el 40% del consumo total de energía primaria, y por lo tanto de las emisiones de CO2. No es de sobra insistir sobre el agravante económico que supone este consumo en un continente que atraviesa una crisis económica y sin recursos fósiles propios, como el gas o el petróleo.

A nivel nacional, sólo nuestras viviendas representan del orden del 18% del consumo total de energía primaria, del cual más del 40% se debe a la calefacción. Tomando conciencia de esta realidad, una construcción energéticamente eficiente representa un arma poderosa para reducir nuestro consumo.

Pero…. a pesar de la importancia de esta deducción, aún nos encontramos en la punta del iceberg…

La UE, especialmente involucrada en esta cruzada climática y energética, se comprometió no solo al 5, sino a alcanzar el 8% de reducción de emisión de CO2 como meta para el primer periodo (del 2008 al 2012). De este 8% de media, a cada país de la Unión le corresponde un porcentaje en base a un histórico de emisiones de CO2 y previsiones futuras de producción. Mientras que países como Alemania o Dinamarca se comprometieron a reducir su nivel de emisión en al menos un -21%, otros en cambio se comprometieron a aumentarlos pero sin superar un porcentaje máximo, como es el caso del +15% para España.  

Cada gobierno debe alcanzar sus metas a través de medidas nacionales. Obviamente, no todos disponen de los mismos recursos, por lo que el protocolo de Kioto ofrece diversos mecanismos basados en el mercado, como el comercio de derechos de emisión (o mercado del carbono). El kit de la cuestión es que este comercio permite que los países con unidades sobrantes de emisión, o lo que es lo mismo, emisiones que tienen permitidas pero que lograrán no emitir, puedan venderlas a los países con dificultades para alcanzar sus metas en el tiempo acordado.   

El caso es que España no solo no puede comprometerse a reducir sus niveles de emisiones, sino que además es el país miembro de la UE que menos es capad de limitar su aumento acordado.

Este incumplimiento de Kioto se traduce evidentemente en un sobrecoste muy elevado para el gobierno de España, con un gasto de 800 millones de Euros en derechos de emisión entre 2008 y 2012. Pero ya nos encontramos en el segundo periodo del acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron en 2006 y con el compromiso de la UE de reducir un 20% sus emisiones medias entre 2013 y 2020.  

Si nuestros edificios suponen un coladero energético por el que debemos afrontar un elevado coste en derechos de emisión, dinero que por cierto proviene de los contribuyentes… cómo podemos seguir pensando que la certificación energética es un mero y molesto trámite?

A través de la certificación seremos capaces de diagnosticar el estado de nuestro parque de viviendas, y así poder tomar las medidas oportunas que nos permitan controlar su consumo. Nuestra poca conciencia a la hora de construir edificios eficientes ya nos está saliendo muy caro; no prolonguemos de ahora en adelante esta agonía hipotecándonos con mala praxis en cuestión de eficiencia.

Para completar este artículo, os comparto un enlace a otro artículo de El País, publicado el 3 de noviembre de 2013.

Las energías renovables representan un fuerte pilar para un  consumo energético eficiente y sostenible, del que España podría sacar mucho partido. En cambio, la situación actual parece ser adversa. Os remito a continuación un artículo publicado por Pau Seguí en el portal de eficiencia energética OVACEN acerca del Informe RECAI.